Excedencia voluntaria de funcionarios por interés particular

Como es sabido, las condiciones, términos y plazos en que se produce la integración del colectivo de funcionarios de la Administración Local, activos y pasivos, constituyen el contenido del Real Decreto 480/1993, en el que se prevé que:

“el personal activo y pasivo que, al 31 de marzo de 1993, estuviese incluido en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Local quedará integrado con efectos de 1.º de abril de 1993 en el Régimen General de la Seguridad Social. A partir de la fecha de integración, al personal indicado le será de aplicación la normativa del Régimen General de la Seguridad Social, con las particularidades previstas en el presente Real Decreto.” (art. 1.º).

Entre las particularidades de la integración de estos funcionarios locales, está la asistencia sanitaria que el Real Decreto 480/1993 regula respecto de los funcionarios locales, activos y pasivos, que venían recibiendo esta prestación en base a diversas modalidades que eran: en general, mediante el concierto suscrito entre MUNPAL y la Seguridad Social, a través de los servicios de entidades privadas o de los propios medios establecidos por las Corporaciones Locales (Real Decreto 324/1983).

El Real Decreto pretendía poner fin a tal variedad previniendo, también con carácter general, la incorporación de todo el colectivo al sistema público de salud. Pero con la promulgación de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, por la que se añade una nueva Disposición Adicional 41 a la LGSS/1994, se viene a establecer que la cobertura de asistencia sanitaria de los funcionarios procedentes del extinguido Régimen Especial de Funcionarios de la Administración Local, así como del personal procedente de esta última, que vinieran percibiendo la prestación del Sistema de Salud y con cargo a las Corporaciones Locales (los que mantenía el anteriormente referenciado concierto suscrito entre MUNPAL y Seguridad Social), instituciones o entidades que integran la Administración Local, quedan a todos los efectos sometidos al régimen jurídico y económico aplicable a la contingencia comprendida en la acción protectora del Régimen General de la Social; es decir, que con esta norma se pretende garantizar una asistencia suficiente e igual, aunque todavía en este tipo de prestación pueden pervivir un régimen transitorio, que lo será únicamente, para el personal en activo a la entrada en vigor de la integración y cuya Corporación Local optó por prestar dicha asistencia con medios propios, y el personal de nuevo ingreso que inexcusablemente ha de incorporarse al sistema público de salud; así pues, en consecuencia, acabando la transitoriedad cuando se produzca la jubilación de los mismos, o antes si optasen por el Régimen General.

La obligación de cotizar nace desde el momento en que se inicia la actividad laboral y permanece mientras dura ésta, incluso:

• En el caso de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción y acogimiento preadoptivo o permanente; períodos de prueba, y cuando el trabajador cumple deberes de carácter público que no den lugar a excedencia (cargo sindical).
• Durante la prestación por desempleo.
• Traslado del trabajador a otro país (salvo lo dispuesto en los convenios internacionales).
• Por convenio especial.
• Durante situaciones en los que los trabajadores deban realizar las funciones de jurado.
• Vacaciones no disfrutadas y abonadas al extinguirse en contrato de trabajo.
• Otras situaciones en las que se imponga el mantenimiento de la obligación de cotizar (alta sin remuneración computable en la base de cotización, permisos y licencias que no den lugar a excedencia).

(LGSS/1994, arts. 15 y 106, modificada por LO 3/2007, DA 10ª.dos; RD 2064/1995, art. 69.)

La obligación de cotizar se suspende en cambio en caso de:

• Huelga o cierre patronal.
• Privación de libertad.
• Excedencia.
• Suspensión de empleo y sueldo por expediente disciplinario.

La obligación de cotizar se extingue cuando se produce el cese en la prestación de servicios, siempre que la comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social se efectúe en la forma y plazos establecidos (6 días naturales siguientes al cese), manteniéndose ésta si la baja se solicita fuera de plazo y en modelo distinto al oficial hasta que la TGSS conozca el cese en el trabajo (salvo prueba en contrario) (LGSS/1994, art. 106.3 y 5).

Como consecuencia de la publicación de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, en su art. 22 introdujo una nueva Disposición Adicional, la 41, en la LGSS/1994, que no hace sino extender el régimen jurídico y económico de la prestación de asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social a los funcionarios de Administración Local integrados, de acuerdo al RD 480/1993, de 2 de abril, que vinieran percibiendo la prestación de asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud con cargo a la Corporación Local (pues recordemos que en base a la Disp. Transitoria 5ª del RD de integración, los funcionarios locales, activos y pasivos, venían recibiendo esta prestación en base a diversas modalidades, en general mediante concierto suscrito por la MUNPAL y la Seguridad Social, a través de los servicios de entidades privadas, o por los propios medios establecidos por las Corporaciones Locales, siempre que se hubiera acordado continuar con ellas antes del 30.04.1993).

Esto, consecuentemente, tiene también su correlativa modificación en materia de cotización por la prestación de asistencia sanitaria, hasta ahora excluida pero sólo para los funcionarios de carrera y funcionarios interinos integrados acogidos a la modalidad de conciertos, siguiendo como exclusión con las consiguientes bonificaciones para los funcionarios de las Corporaciones Locales que sigan prestando dicha asistencia sanitaria a través de medios propios y privados.

Tras la entrada en vigor del EBEP, se regula la excedencia voluntaria por interés particular, en el art. 89.2, que exige que, para su concesión los funcionarios de carrera hayan prestado servicios efectivos, en cualquiera de las Administraciones Públicas, durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

No obstante, las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP podrán establecer una duración menor del período de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los períodos mínimos de permanencia en la misma. En lo que a esta consulta se refiere, puede verse la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, cuyo Título X es una novedad en el panorama legislativo gallego pues contiene toda una serie de especialidades referidas a la aplicación de esta Ley 2/2015 (LA LEY 7211/2015) al personal al servicio de las entidades locales gallegas; concreciones éstas que no se contenían en el anterior Decreto legislativo 1/2008, de 13 de marzo (LA LEY 7918/2008), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la función pública de Galicia.

En la redacción actual la excedencia voluntaria regulada en el art. 89.2 del Estatuto, la concesión de la misma está supeditada a las necesidades del servicio, debidamente motivadas. La inclusión de este requisito en la Ley va a garantizar el cumplimiento del principio de legalidad y seguridad jurídica y evitar la discrecionalidad en la concesión de la excedencia voluntaria por interés particular, quedando sometida la resolución dictada por la Administración, concediendo o denegando la excedencia voluntaria por interés particular, al control jurisdiccional por parte de los órganos jurisdiccionales del ámbito contencioso-administrativo.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación.

Debe recordarse que este tipo de excedencia supone una suspensión de la relación funcionarial que el empleado público puede solicitar sin necesidad de alegar motivación alguna, sólo su abstracto e inconcreto interés particular, que cede, como no puede ser de otra manera, ante las necesidades del servicio debidamente motivadas o, lo que es lo mismo, reales. Ante todo hay que señalar, que las excedencias suponen la cesación temporal de la prestación de servicios del funcionario público en la situación de servicio activo, pero que no conllevan la extinción definitiva de la relación de servicios.

El RSSAE fija en dos años el mínimo de duración para la excedencia voluntaria por interés particular (art. 16.3), y no conlleva reserva de plaza ni puesto de trabajo (art. 19 Ley 13/1996). La Ley 13/96, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artículo 104 no establece un plazo máximo de duración de la situación de excedencia voluntaria.

La jurisprudencia ha reiterado la no reserva de plaza o puesto de trabajo, y negado el derecho a indemnización si se hubiere amortizado la misma por la Administración o no existiese vacante (STSJ de Asturias de 29.03.2001: CUNAL, enero/2002; STSJ País Vasco de 17.06.2003, LA LEY 1453194/2003).

Repárese en que desde la entrada en vigor de la citada Ley 13/1996, no se establece un plazo máximo de duración de esta situación administrativa, pues el determinante de la situación administrativa concreta de excedencia voluntaria por interés particular tiene su origen en una decisión libre del interesado. Y el art. 89.2 EBEP, como ya se ha indicado, prevé una duración mínima de dos años de duración de la excedencia voluntaria por interés particular, pero sin establecer un plazo máximo. Por tanto, si la norma no distingue, no puede distinguir el operador jurídico.

La subordinación a las necesidades del servicio, en forma alguna supone discrecionalidad de la Administración ya que, su denegación o aplazamiento, deberá ser mediante resolución motivada.

Estas reflexiones pueden ampliarse, fundamentalmente, en la obra de Juan D´Anjou González y Gloria D´Anjou de Andrés “Personal de las Entidades Locales. Su Régimen Jurídico y Gestión en el Estatuto Básico del Empleado Público«, Editorial El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2009.

En resumen, el funcionario que haya decidido suspender su relación de servicio activo, al haber solicitado su pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular –de concederse esta solicitud- tendrá los derechos de asistencia sanitaria que puedan serle de aplicación en sus relaciones profesionales nuevas propias de su relación profesional durante el período al que se extienda la citada situación de excedencia concedida. No parece, en nuestra opinión, que habiendo perdido, por su propia voluntad, sus derechos retributivos de todo tipo que son los propios de la situación administrativa de servicio activo, conservase los derechos a una asistencia sanitaria que podría –en su caso- producir una eventual duplicidad en el disfrute de este derecho a partir de una nueva realidad profesional independiente de su relación con la Entidad Local.